La Asamblea Nacional aprueba una ley relativa a refugiados y asilados de datos antiguos.

Esta ley, cuya propuesta inicial fue redactada en el 2000 por el socio fundador Luis Adolfo Corró Fernández, beneficia a los refugiados y asilados que tienen más de diez años viviendo en Panamá, la ley concede la residencia permanente y autorización de trabajo permanente.